La empresa de seguridad privada Prosegur lleva años bajo la lupa de la OCDE, que desde 2013 analiza el comportamiento de la firma española a raíz de las acusaciones por violaciones constantes de los derechos humanos y laborales de sus empleados en Latinoamérica, especialmente en Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Chile.
La federación sindical UNI Global Union, con sede en Suiza, denunció esta situación hace cuatro años ante El Punto Nacional de Contacto de la OCDE (PNC) de España, que acaba de publicar su informe final sobre el asunto. Un problema que la UNI ha llevado también ante otros organismos internacionales como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Después de que la compañía se negara a participar en un proceso formal de mediación en 2015, el organismo insta ahora a Prosegur a llevar a cabo las “diligencias debidas en sus sucursales latinoamericanas”. Esto significa que “la empresa debe asegurarse de que las violaciones de derechos humanos señaladas por UNI han sido investigadas y, de ser necesario, debe solucionar estos problemas e impedir que vuelvan a ocurrir en el futuro”.
Concretamente, las denuncias del sindicato global hacen referencia a una “cultura de hostilidad extrema contra los derechos de los trabajadores, incluyendo despidos injustos, discriminación, intimidación e incluso amenazas de violencia contra los empleados por apoyar a un sindicato, así como jornadas de 14 horas”, según apunta la UNI. Las quejas por la violencia y las amenazas que sufren los sindicalistas de Prosegur en Colombia llegaron hasta California hace dos años. En el marco de una de las mayores ferias de seguridad privada del mundo, ASIS, los empleados de la empresa protestaron ante el Consulado español solicitando protección para el líder sindical de Prosegur en Medellín (Colombia), ya que tanto él como su esposa habían recibido amenazas de muerte hacia el empleado de Prosegur.
El PNC quiere vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones y le ha dado a Prosegur un año para presentar un informe en el que detalle los pasos que ha tomado al respecto. La “debida diligencia” requiere que la empresa cree un proceso para inculcar y asegurar el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo el derecho a formar un sindicato.
Por otro lado, en el informe publicado por la OCDE, distintas organizaciones sindicales como UGT, USO o Comisiones Obreras, apuntan hacia la opacidad de Prosegur, que ha solicitado confidencialidad al PNC sobre los mecanismos que ya tiene establecidos para solucionar este conflicto laboral que arrastra desde hace años.
Durante el proceso de investigación del PNC, la vicesecretaria General de UNI, Christy Hoffman, aseguró que la empresa había solucionado algunos problemas específicos, si bien “no ha responsabilizado a la dirección local y, de hecho, está orgullosa de su modelo descentralizado de relaciones laborales, lo que da luz verde para el desmantelamiento de los sindicatos”.
FUENTE: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8547566/08/17/La-OCDE-insta-a-Prosegur-a-mejorar-los-derechos-laborales-en-Latinoamerica.html
