Honduras: Militarizan el agro

Después del golpe de estado del 2009, Honduras vivió un proceso acelerado de militarización de la sociedad y el territorio nacional, alcanzando su punto máximo durante la cuestionada administración de Juan Orlando Hernández. Su relación simbiótica con los militares parece estar detrás de la decisión de asignar un presupuesto millonario a la Fuerzas Armadas (FFAA), para que manejen casi el equivalente del 50 por ciento del presupuesto de las autoridades de agricultura.

El Decreto PCM 052-2019 confiere facultades a los militares para manejar el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a través de la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) en la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

Para el nuevo programa se asignaron 66 millones de lempiras (2,7 millones de dólares) que deberán usarse antes de que finalice el 2019, y un promedio de 961 millones al año (39,2 millones de dólares) durante los próximos cuatro años.

Un total de casi 4.000 millones de lempiras (163,3 millones de dólares) que equivale a más de la mitad del presupuesto, por el mismo período, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Entre las instituciones que deberán ponerse a la orden del Sedena (y de los castrenses) están la SAG, el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto de las Propiedad (IP).

La C-10 será el ente encargado de estructurar, ejecutar y administrar el Programa, que tiene el objetivo de atender progresivamente a unos 60 mil agricultores a nivel nacional.

Además, de no tener la capacidad para echar a andar el millonario programa, la C-10 podrá tercerizar los servicios de asistencia técnica y capacitación, contratando a empresas nacionales o internacionales con personal especializado.

Las Fuerzas Armadas y la agricultura de rehén

A ese propósito cabe la pregunta: ¿qué saben las Fuerzas Armadas de agricultura?

“Una de las cosas más negativas que hemos sufrido durante la última década ha sido la militarización del país y la politización de las Fuerzas Armadas.

Consideramos que los militares no tienen la facultad legal, ni los conocimientos para administrar el agro en Honduras”, dijo a La RelJoel Almendáres, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Otorgarles 4 mil millones no es más que la forma que encontró Juan Orlando Hernández para ‘pagar’ el apoyo incondicional que las Fuerzas Armadas le han brindado ante el rechazo de la población”, agregó.

Almendáres explicó que Hernández fue señalado por la Fiscalía de New York como coconspirador en un juicio donde su hermano resultó culpable, entre otros, de los delitos de tráfico de drogas y detención ilegal de armas, y que se mantuvo en el poder escudándose en los militares.

Condenamos la decisión del gobierno y pedimos que este dinero se invierta en la promoción de una verdadera reforma agraria y en la capacitación y tecnificación de campesinos y campesinas, asegurando así la soberanía alimentaria”, manifestó el secretario general de la CUTH.

También recordó que en Honduras hay universidades y escuelas agrícolas del más alto nivel, que tienen toda la capacidad para ejecutar y administrar programas de desarrollo agrícola de esta envergadura.

Todo esto demuestra que el objetivo del gobierno no es fomentar el agro, ni sacarlo de la grave crisis en que se encuentra, sino asegurarse el respaldo de los militares.

Como CUTH nos oponemos a esta medida y vamos a hacer un llamado a todas las organizaciones campesinas para que rechacen este decreto, y no se presten al juego del gobierno y los militares”, concluyó Almendáres.


En Managua, Giorgio Trucchi | Rel-UITA