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Noticias Sindicales

Colombia: Una coyuntura favorable para exigir trabajo decente

Defensa común del sector azucarero reconfigura relaciones obrero-patronales

En Florida, Valle del Cauca, Giorgio Trucchi

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La política de desprotección arancelaria de la producción del azúcar y la panela implementada por el gobierno colombiano generará una crisis de gran envergadura en el sector. La necesidad de hacer frente común ante esta  amenaza ha fortalecido el diálogo social, abriendo nuevas oportunidades para una reconfiguración de las relaciones obrero-patronales.

Mauricio Ramos coordina el Departamento del Azúcar y Etanol del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro). Con él, La Rel conversó sobre el momento que viven miles de trabajadores del sector azucarero.

-¿Cuál es tu análisis de esta crisis que está impactando al sector azucarero?
-Sobre lo que está pasando ya se ha hablado mucho y se han hecho varios análisis. En este sentido creo que vale la pena reconocer y destacar los avances que hemos tenido en torno a la unidad.

A la mayoría de los empresarios azucareros se les está quitando de la cabeza la mentalidad de ver al trabajador como un esclavo. Eso es el resultado de las tantas luchas que hemos emprendido los corteros de caña a lo largo de estos años.

Ahora se está trabajando en conjunto en defensa del sector azucarero, de los miles de empleos que genera, y en contra del enemigo común que son las políticas del gobierno.

-Me imagino que no ha sido fácil…
-No ha sido nada fácil y todavía hay varios compañeros que no entienden la importancia de lo que estamos haciendo. Creen que estamos defendiendo solamente a los empresarios y sus intereses.

Pero están muy equivocados. Aquí se trata de luchar para defender nuestras fuentes de empleo, porque cuando se cierran empresas se pierden puestos de trabajo.

Además, como trabajadores tenemos suficiente conciencia para entender que debemos defender nuestra soberanía nacional ante las políticas neoliberales implementadas por el gobierno que abren a la invasión de productos extranjeros, en particular de Estados Unidos.

-La defensa de un empleo que, ustedes siempre lo dicen, debe ser digno.
-Estos cambios en las relaciones obrero-patronales deben ser aprovechados para crear nuevos espacios de diálogo y negociación, y así mejorar las condiciones laborales, generar un empleo estable y condiciones económicas dignas.

Colombia y la importación creciente de alimentos
En defensa de la soberanía alimentaria
-Todo esto se enmarca en la imposición de un modelo de desarrollo que amplios sectores del pueblo colombiano están rechazando.
-Exactamente. Yo me crié en fincas donde ni siquiera había energía eléctrica, pero donde todos trabajábamos para tener nuestra propia comida. Sembrábamos y producíamos alimentos para el autoconsumo, para satisfacer nuestras necesidades. Ese mismo criterio de soberanía alimentaria debería tener el país.Y es aquí donde destaca la incoherencia del discurso gubernamental. Por un lado promueve la imagen de una Colombia locomotora minero-energética, por el otro el país sufre de una escasez crónica de alimentos básicos y está obligado a importar cantidades cada día más elevadas.

Eso demuestra la intención del gobierno de atacar la producción nacional, plegándose a los intereses del capital transnacional y profundizando nuestro nivel de dependencia del exterior.

-Mientras tanto Colombia está negociando nuevos acuerdos comerciales, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y el TLC con Corea del Sur.
-Es por eso que no podemos ver esto como un problema exclusivo de los corteros de caña del sector azucarero, sino que son políticas que afectan al país entero y a la población en su conjunto.

Como organizaciones del sector azucarero tenemos que ampliar nuestra mirada, enlazarnos con otros sectores, con otros gremios, con otras luchas.

Fuente: http://informes.rel-uita.org/index.php/sindicatos/item/una-coyuntura-favorable-para-exigir-trabajo-decente
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Banano Noticias

Honduras aumenta la exportación de banano un 6,3% en volumen

Las exportaciones de banano hondureño subieron el 10,6% en divisas y el 6,3% en volumen en el tercer trimestre de 2015 en comparación con el mismo lapso del año pasado, informó el Banco Central del país centroamericano.
Honduras envió al exterior 24.265 cajas de 18 kilos de banano entre enero y septiembre pasado, frente a las 22.818 cajas del mismo periodo del año pasado, lo que representa el 6,3% más, según un informe del organismo hondureño.
Durante el período de referencia las ventas de banano sumaron 351,9 millones de dólares, lo que significa un 10,6 % más con relación a los primeros nueve meses del año pasado, cuando fueron de 318 millones de dólares, precisó el Banco Central.
A septiembre pasado el precio de la caja de banano alcanzó un promedio de 14,50 dólares, mientras que en el mismo periodo de 2014 se cotizó a 13,93 dólares, lo que supone un crecimiento del 4%, de acuerdo con el informe.
Estados Unidos y Canadá fueron los principales destinos de las exportaciones de banano hondureño, ya que esos mercados compraron más del 90% del total de la fruta vendida.
En todo 2014 las exportaciones de banano, uno de los principales productos agrícolas de Honduras, sumaron 456 millones de dólares, según cifras oficiales.
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Fuente: EFE / panamaamerica.com.pa
http://www.freshplaza.es/article/93743/Honduras-aumenta-la-exportaci%C3%B3n-de-banano-un-6,3-procent-en-volumen
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Noticias Políticas

Honduras: Opositores políticos y defensores de DDHH bajo fuerte vigilancia digital

  • La investigación desarrollada por Fundación Acceso reveló que, a pesar de existir marcos legales para proteger la privacidad, hay fragilidad institucional, normativas ambiguas, y una cultura del secreto en el ámbito de la vigilancia.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Opositores políticos y defensores de derechos humanos en Honduras son altamente vulnerables a la vigilancia digital y la intervención de sus comunicaciones telefónicas, pese a que el  Estado hondureño ha ratificado los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, así lo reveló este jueves una investigación divulgada por la Fundación Acceso, de Costa Rica.
A nivel político, el Estado ha abordado la necesidad de utilizar herramientas para la intervención a las comunicaciones como un mecanismo de ataque a la delincuencia organizada: la justificación de la vigilancia es la seguridad pública. Sin embargo, al analizar las normas que regulan estas intervenciones, nos damos cuenta que las mismas son aplicables a la investigación de cualquier delito, incluidos los delitos comunes o políticos, lo cual nos genera dudas democráticas.
Por su parte, el investigador Edy Tábora Gonzales sostiene que en Honduras las normas restrictivas son muy ambiguas y abiertas, permitiendo solicitudes de vigilancia en internet y en las telecomunicaciones por cualquier delito, y con el agravante de que no hay necesidad de una prueba para valorar la necesidad y proporcionalidad de la intervención.
En el país, -sostiene- es mínima la discusión sobre el “derecho a la privacidad, relacionada con la criminalización, vigilancia y/o censura digital, en internet y en las telecomunicaciones”. Encontramos poco desarrollo académico o de la sociedad civil respecto del derecho al acceso a internet y las vigilancias desde las nuevas tecnologías, sin embargo sí encontramos normas regulatorias sobre el acceso a internet y las vigilancias por parte del Estado, detalla el documento titulado titula “¿Privacidad digital para defensoras y defensores de derechos humanos?, un estudio sobre cómo los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser utilizados para la protección, criminalización y/o vigilancia digital de defensoras y defensores de derechos humanos”.
Según las experiencias compartidas por las y los participantes en Honduras, la situación de vigilancia en internet y de las comunicaciones tomó fuerza a partir del golpe de Estado en el año 2009, sobre todo la vigilancia selectiva hacia opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos la cual, aseguran, se agudiza en momentos cercanos a las votaciones populares, en discusiones de leyes importantes y en tiempos de protesta.
Tanto en El Salvador como en Honduras, se resaltó por la ocurrencia de hackeos de cuentas de correo y redes sociales, así como clonación de páginas web institucionales a través del envío de solicitudes masivas.
La investigación de la Fundación Acceso, incluye un profundo análisis sobre los marcos legales existentes en cuatro países de la región, para la protección de la privacidad digital de las personas defensoras de derechos humanos, mediante la cual se determinó, que a pesar de existir las normativas, este sector es vulnerable, existe una cultura del secreto alrededor de los temas de vigilancia y se encuentra expuesto a la violación de su privacidad.
Para acceder a la investigación
Resumen Ejecutivo : http://acceso.or.cr/files/investigacion-resumen-ejecutivo.pdf
Investigación completa: puede ingresar al sitio http://acceso.or.cr/files/Investigacion-Privacidad-Digital-FA.pdf
El discurso que se repite una y otra vez es aquel en el que se afirma que, si una persona quiere resguardar su privacidad, tener control sobre su información personal, es porque tiene algo que esconder. Y la falsa disyuntiva entre seguridad y privacidad se presenta como una verdad irrefutable.
¿Privacidad digital?
Por ejemplo, la privacidad digital puede ser limitada mediante la intervención de las comunicaciones, tanto las que se realizan por teléfono como las establecidas a través de internet, lo que implica la captura, no solo del contenido de las comunicaciones, sino de los metadatos que estas generan (números de teléfono o direcciones de correo electrónico con los que se estableció comunicación, lugar y hora en que la misma fue realizada, etc.).
En la mayoría de los países estudiados se determinó que es posible interceptar las comunicaciones cuando se trate de sospechas por terrorismo, crimen organizado, tráfico ilegal, narcotráfico, lavado y otros delitos relacionados. Sin embargo, poco sabemos sobre el uso de esos poderes de vigilancia. Los Estados no son transparentes con relación al uso y alcance de las leyes de Vigilancia de las Comunicaciones, reglamentos u otras normas. Ellos no publican como mínimo, información estadística sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios, por autoridad investigadora, el tipo y propósito, y el número específico de personas afectadas por cada una y según el tipo de investigación y sus propósitos.
En Centroamérica no existe un solo cuerpo legislativo que contenga toda la normativa que autorice la actividad de vigilancia por parte del Estado, sino que se encuentran dispersas en la Constitución, decisiones judiciales y leyes, asimismo, están dispersas las garantías legales que protegen a las personas frente a la interferencia del derecho a la privacidad.
“Para la defensa de la privacidad digital, la ciudadanía, incluidas las personas defensoras, cuentan con dos mecanismos fundamentales de acceso a la justicia en el contexto de la vigilancia por violación de derechos fundamentales: el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad, y en Nicaragua se suma el recurso de habeas data, que busca proteger la información de los datos personales.” comentó Luciana Peri, coordinadora de la investigación. La investigación también abarcó el análisis de, en qué medida, el marco legal vigente en estos cuatro países se adecua a los estándares internacionales en la materia, particularmente, a los “Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones”, añadió Katitza Rodríguez, Directora Internacional de Derechos Humanos de la Electronic Frontier Foundation, quien asesoró en la elaboración de la presente investigación.
En este sentido, el estudio reveló que, en cada uno de los países, los estándares internacionales son respetados en diferentes grados, pero en ninguno de ellos puede afirmarse que sean incorporados en su totalidad.
El Salvador
Por ejemplo, Marlon Herńandez Anzora, investigador de El Salvador, afirmó que existe un marco jurídico con importantes garantías, muchas de ellas en concordancia con los estándares internacionales, sin embargo hay una gran fragilidad institucional y una coyuntura política-social que permite que muchas de estas legislaciones puedan ser irrespetadas, burladas o desconocidas por quienes detentan el poder. Además, la discusión sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es aún incipiente y existe poco control ciudadano.
Guatemala
En Guatemala, Jorge Jiménez Barilla y Hedme Sierra Castro, concluyeron que la legislación no es clara ni precisa con respecto al tipo de comunicaciones que se pueden interceptar, ni tampoco sobre las causas y formalidades legales que se deben cumplir. Las leyes establecidas no cumplen con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, por lo tanto, es necesario reformarlas.
Nueve de diez personas manifestaron que sus teléfonos habían sido intervenidos y/o utilizados como micrófonos, así como conocer otras personas activistas de derechos humanos a quienes les ha sucedido lo mismo.
Nicaragua
Y en Nicaragua, Mireya Zepeda Rivera comenta que, definitivamente, la adecuación de la normativa, con respecto a los estándares nacionales en materia de privacidad digital es un verdadero desafío, pues a pesar de contar con legislación, hay una evidente falta de voluntad política, centralización del poder y la criminalización de la defensa de los derechos humanos, temas recurrentes contra el sector civil del país. Tampoco existen instituciones que den cumplimiento a los procedimientos para garantizar estos derechos.
La vigilancia e interceptación de las comunicaciones telefónicas y electrónicas en Nicaragua ha sido una práctica sostenida, tanto a defensores y defensoras de derechos humanos como a personajes de la oposición, sostuvieron desde el sector técnico y de defensa de derechos humanos.
En todos los países se detectó al menos una situación de allanamiento en organizaciones donde trabajan personas defensoras de derechos humanos, de las que fueron extraídos dispositivos electrónicos con información sensible.
La investigación fue motivada por los contextos en que los países de la región se encuentran inmersos, sobre todo los que conforman el “Triángulo Norte”, así como Nicaragua. Dado que la cooperación internacional se orienta más hacia estas naciones se impulsó la iniciativa, pero se espera ampliarla en el futuro a Costa Rica y Panamá, donde también resultaría estratégica.
Sobre Fundación Acceso
Fundación Acceso es una organización sin fines de lucro, con sede en Costa Rica, con más de 20 años de experiencia y que desde el año 2007 trabaja en la región centroamericana con defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, apoyándoles en proceso relacionados con la Seguridad de la Información y la Comunicación.
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Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-opositores-pol%C3%ADticos-y-defensores-de-ddhh-bajo
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Denuncias Noticias

Colombia: ¡Atención habitantes de los Pueblos Cañeros!

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El gobierno de Santos quiere quebrar a los ingenios y trapiches para favorecer a las multinacionales y a los gringos.

Si lo logra, quedaremos en la calle: 188 mil trabajadores del azúcar y 350 mil de la panela.

Esto sería terrible para nuestras familias y los municipios donde vivimos.

En defensa de nuestro Trabajo y la producción de Azúcar y Panela…

Gran toma pacífica de Cali. Este lunes 30 de noviembre.

¡Azúcar y Panela Sí, Santos No!

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Noticias Políticas

Solidaridad salvadoreña llama a profundizar unidad latinoamericana

San Salvador, 27 nov (PL) Movimientos de solidaridad de El Salvador emitieron hoy un comunicado conjunto en el cual expresan la necesidad permanente de unidad latinoamericana ante la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de nuestros países

Llamaron la atención sobre la recomposición de las derechas oligárquicas que lanzan de manera sistemática una ofensiva con todos sus medios posibles como guerra de desinformación, económica, política y la violencia contra los procesos democráticos, progresistas, ciudadanos, y revolucionarios.

Esta actitud demanda, de parte de todas las expresiones sociales y políticas de Latinoamérica, una organización y movilización más unida para la defensa de los logros obtenidos, enfatizaron.

Alertaron sobre los resultados electorales en diversas latitudes, como el último en Argentina lo cual advierte sobre la urgencia de pasar a acciones de apoyo a los procesos democráticos más contundentes

Acerca de la dimensión estratégica para los pueblos del continente, que representa Venezuela y su proceso bolivariano por su modelo de integración y cooperación recordaron los constantes ataques de que es objeto su pueblo y gobierno.

Rechazaron las declaraciones del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, en la cuales pidió la expulsión de Venezuela del Mercado Común del Sur.

«Al mismo tiempo, el derechista Macri, se reunió con terroristas, desestabilizadores venezolanos y agentes del gobierno de los Estados Unidos para conspirar contra el gobierno legítimo y democrático de Nicolás Maduro», señalaron.

Los movimientos de solidad salvadoreño, con Cuba, Palestina, Venezuela, denunciaron a Macri, a la derecha continental y al gobierno estadounidense por promover la disociación latinoamericana y la injerencia.

Finalmente hicieron un llamado para defender a los procesos en lucha y bajo agresión.

 

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4386351&Itemid=1

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Azucar Noticias

Acuerdan reducción a arancel para el azúcar al 70%

El arancel que se pagaba era de 114 por ciento.

a9fb108dd5f61e5fde6e4f2359ddeb3bEl gobierno Nacional decretó la reducción al 70% del arancel sobre la importación de azúcar blanca y sus bienes sustituidos, tras una larga discusión con el gremio azucarero que se oponía a la disminución del impuesto.

El decreto 2293 del 27 de noviembre, entrará en vigencia a partir del próximo 15 de diciembre y estará bajo evaluación del gobierno nacional durante los próximos tres años, con el fin de medir su impacto económico y así tomar nuevas decisiones sobre la medida.

Por su parte las azucareras no apoyaron la disminución del arancel debido a que el país cuenta con el segundo precio más bajo de la región y puede generar una afectación en los mercados, que sin la protección del Estado, obligaría a las empresas nacionales a reducir sus costos para competir con los productos importados.

Para realizar las revisiones, se oficializará un comité técnico conformado por los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, que al menos una vez por semestre deberá revisar el impacto sobre “aspectos relacionados con el empleo, las ventas, las exportaciones, el comportamiento de las importaciones, la producción, el consumo, el precio, la actividad agrícola, agroindustrial de la caña, el azúcar y la panela y emitirá concepto frente a una posterior modificación del arancel máximo aplicable“, dice el decreto.

En octubrela Superintendencia de INDUSTRIA Y Comercio sancionó a 14 empresas del sector azucarero y a Azocaña por $320 mil millones de pesos tras advertir una cartelización empresarial usada para obstruir importaciones de azúcar y, por esta misma ruta, elevar el precio del alimento, tiene molestos, y hasta el fondo, a todos los gremios de producción del país. (Vea aquí El azúcar y la sanción de la discordia). 

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Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/economia/acuerdan-reduccion-arancel-el-azucar-al-70-articulo-602635