La Fiscalía General tomó una decisión clave este viernes para avanzar en el esclarecimiento de uno de las aristas del conflicto armado colombiano: la financiación que terceros civiles, especialmente empresarios, hicieron a los grupos armados ilegales. La entidad llamó a juicio a 14 exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brandspara responder por lo que se ha conocido como la “paraeconomía”.
En documento de 450 páginas, la Fiscalía documentó una serie de evidencias que probarían que la multinacional habría direccionado dineros, a través de su filial Banadex y Banacol, para financiar presuntamente el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas, que lideraba Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, quien tenía su actividad delincuencial en las zonas de Urabá y Santa Marta.
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“Las pruebas aportadas demostrarían la participación de directivos y algunos empleados de estas sociedades, ya sea por la toma de decisión, intervención y/o participación en la promoción y financiación del grupo ilegal. La Fiscal de conocimiento estableció que algunos de los dineros eran entregados directamente y consignados a las cuentas bancarias de una organización creada para apoyar las estructuras armadas ilegales de las autodefensas (AUC)”, aseguró la fiscalía en un comunicado.
Pero, ¿quiénes son los implicados que ahora deberán rendir explicaciones ante la justicia? Se trata de Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, exasesor jurídico de la multinacional para Colombia; Luis Germán Cuartas Carrasco, exgerente de relaciones laborales y legales de Banaldex; Víctor Julio Buitrago Sandoval; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola El Retiro; Juan Diego Trujillo Botero, exsecretario general de Banacol y Jorge Alberto Cadavid Marín,exgerente del Convite S.A.. Todos ciudadanos colombianos, deberán responder por el delito de concierto para delinquir.
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También hay ciudadanos extranjeros que también responderán por dicho delito. Se trata de Dorn Robert Wenninger, exrepresentante legal principal de Banaldex; John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser de Estados Unidos; José Luis Valverde Ramírez de Costa Rica; y Fuad Alberto Giacoman Hasbún de Honduras. La fiscalía igualmente archivó la investigación en favor de Gloria Andrea Cuervo Torres por el delito de concierto para delinquir agravado y declaró el caso como de lesa humanidad, lo que implica que esta investigación no prescribirá.
Chiquita Brands fue sancionada por la justicia de los Estados Unidos a pagar US$25 millones tras conocerse de los pagos realizados a las AUC. En Colombia, la investigación apunta a que por lo menos desde el segundo trimestre del año 2000 la multinacional Chiquita Brands supo de los pagos a las autodefensas, que se habrían hecho durante 17 años.
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La tesis de la Fiscalía de Eduardo Montealegre para reabrir la investigación en el año 2012 en contra de la empresa, señala que en 1997, después de una reunión con Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se dejó claro que sólo se les pagaría a las autodefensas. Así ocurrió entre 1997 y 2004, y se tiene probado que Chiquita hizo más de 100 pagos, para un total de US$1,7 millones.
Ya Hacia 2002, Chiquita comenzó a pagar directamente a las Auc en la región de Santa Marta. Desde Estados Unidos la presión se hizo más fuerte y en febrero de 2003 un asesor externo le informó a la multinacional que los pagos eran ilegales en virtud de la legislación norteamericana y que debía detenerlos y en el peor de los casos retirarse del negocio en Colombia.
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