Tomado de: Periódico La Estrella de Panamá.
25 de septiembre 2009
TRAGEDIA EN LAS BANANERAS
Los fantasmas de Puerto Armuelles
CARLOS ATENCIO/GUIDO BILBAO | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Lo que nunca se dijo sobre las consecuencias sociales de la fumigación en las bananeras: cáncer, esterilidad, ceguera y malformaciones. Una historia perturbadora que evidencia, sobre todo, la ausencia del Estado
CHIRIQUÍ.
Puerto Armuelles es ahora un lugar de sombras. Brilla el sol más caliente de
este país tropical, pero así y todo, la sensación es de oscuridad, de fría
decadencia. La fiebre del oro verde bajó, es cosa del pasado y, de lo que fue,
sólo quedan los recuerdos.
La realidad mezcla el desempleo, la marginalidad y la desesperanza. Las personas
salen de las casas únicamente para comprar alimentos y para ir al médico. Los
enfermos se cuentan a montones. La sensación, en la calle, es la de una sala de
espera de hospital.
Este pueblo, a 530 kilómetros de la ciudad capital, es protagonista de un drama
colectivo que duerme el sueño de los justos: miles de obreros y sus familias
fueron expuestos a agroquímicos altamente tóxicos durante el boom bananero. Años
y años en los que ellos mismos, sin saberlo, regaban la muerte sobre sus campos,
sus casas y sobre ellos mismos. Ahora, en pleno siglo XXI, recogen el fruto
menos deseado: Las flores de la muerte.
LA PESTE
Los afectados, por lo general obreros de las bananeras y sus familiares, llevan
una lucha legal de trece años. Buscan que la empresa responsable, la
trasnacional Chiquita Brands, pague por lo que aquí se define como un “crimen en
masa” o “bombas por hectáreas” o, como prefieren los médicos, “envenenamiento”.
Chiquita tenía 18 fincas que rentaban al Estado panameño por un canon mensual de
700 mil dólares. Los afectados buscan que les paguen los tratamientos médicos y
también indemnizaciones, interpusieron una demanda ante el juez Mario Juárez,
del Circuito Octavo del Ramo Civil de Chiriquí que supera los 42 millones de
dólares. Agustín Obando, uno de los demandantes, dice que a la justicia no le
tiene ninguna fe.
Este hombre que tiene 55 años pero aparenta muchos más, trabajó durante algunos
meses manipulando y realizando el trabajo de fumigar las plantaciones. Roció
DBCP o Nemagón. El Estado panameño permitía el uso de este tóxico que apareció
en Estados Unidos hacia fines del siglo XIX. Tan viejo como la sustancia son los
estudios toxicológicos de los doctores Ted Torkelson, de la empresa Dow Chemical
y Charles Hines, de la Universidad de California, que hablan de los daños
irreversibles en la salud. En Estados Unidos, está prohibido desde principios
del Siglo XX. El Nemagón es altamente persistente y se filtra en los mantos
acuíferos donde permanece hasta por 200 años. Los médicos hicieron pruebas con
ratas. Demostraron que luego del contacto con dosis bajas de Nemagón tenían
crecimiento retardado, daños en los pulmones y riñones y reducción en los
testículos. Dosis altas o prolongadas en el tiempo, los reducían a la mitad
provocando al esterilidad. Y que en los humanos las consecuencias eran
similares. Según reportes de la Red de Acción en Plagicidas y sus Alternativas
para América Latina (RAP-AL) en Centroamérica hay unos 26 mil trabajadores
estériles a causa de la exposición a estas sustancias.
Cuando Obando entró a Chiquita Brands no sabía nada de esto. Sentía que estaba
dando un paso importante en su vida. Finalmente iba a poder estar tranquilo y
mantener a su hijo de meses de nacido. Corría el año 76. Obando acaba de cumplir
23.
Al ingresar a la compañía, le hicieron exámenes físicos. Le dijeron que era
fuerte como un toro y lo mandaron a fumigar.
Tenía contacto diario con las sustancias tóxicas sin ningún tipo de cuidado ni
entrenamiento para su manejo. A los cinco meses renunció. “No aguanté más, me
fui porque me sentía mal, con mareos, dolor de cabeza, vómitos y muchas veces
quedaba viendo oscurito, cocuyito, me daban convulsiones. Pero yo cometí una
tontería de no ir al hospital ni nada de eso. Lo más sencillo fue salirme del
trabajo. Pero ya era tarde. De ahí en adelante vinieron mis problemas”. Fueron
cinco meses que cambiaron su vida para siempre y que, treinta tres años después,
siguen presentes, enturbiándole la vida. Obando entre otras cosas, se volvió
esteril y con el tiempo perdió la visión.
Agustín vive sin ver, preso de la ceguera y rodeado de pobreza: dos sofás
despellejados, un fogón de leña en el patio, ropa amontonada sobre el otro
sillón. Cuenta que la enfermedad le vino de menos a menos, hasta quedar
encarcela’o en un ranchito. “Un tipo con las calamidades que yo tengo.. ¿a qué
puede aspirar? Hasta la mujer se me fue porque no podía hacer nada”.
El único hijo que tuvo nació un año antes de ingresar a la bananera. “De ahí
para acá hasta de engendrar me privaron”, se lamenta. Esto lo comprendió muchos
años después por comentarios similares de otros obreros de las fincas, todos
preocupados y sin saber porque la infertilidad cundía.
Agustín, desde el pozo de su ceguera y con dos gatos como únicos aliados en esta
batalla, culpa al Estado. Lo peor de todo, dice, “es que no hay quien, no hay
gobierno, no hay autoridades, no hay amigos, no hay hermanos, no hay nadie que
se presente aquí y diga esta es mi mano salvadora. ¡Naaaadie! A veces solamente
la fe ciega en Dios me tiene en pie, así como lo oye. Los ciegos envenenados no
tenemos presidente, no tenemos patria, no somos hijos de esta patria”, explica
con la virulencia de un hombre que no denuncia sino que describe su verdad.
Pese a las prohibiciones de uso en el país fabricante, el gobierno panameño
permitía que se rociaran las 3 mil hectáreas sembradas de bananos con químicos
como el Nemagón y el Fumazone, dos sustancias que a finales de los 60 hacían
estragos en las plantaciones de República Dominicana, Costa Rica, Perú,
Honduras, Nicaragua, Ecuador y Filipinas. En Panamá, según el ex defensor del
Pueblo, Ítalo Antinori, esas sustancias se utilizaron hasta entrados los años
90.
LAS TRES CAMISAS
José Vega no está muerto, pero pasa sus horas en el cementerio. Remienda tumbas.
Allí, a la sombra de un árbol, repite su historia que en Puerto Armuelles parece
la historia de todos. Cuando tenía 15 años ingresó al campo bananero a trabajar
los tres meses de vacaciones.
Empezó como barredor que pasó de oficina en oficina hasta aprender todos los
trabajos de la empresa. Al final fue encargado de la oficina de Seguridad y
Riesgo Laboral.
“Quizás yo tenga algo de químicos en el cuerpo, por la inhalación en 30 años”,
dice, pero lo que lo salvó fue un puñado de lecturas.
Mientras que los miles de trabajadores sudaban en las plantaciones, él se
interesaba por conocer más de los tóxicos. Supo temprano que todos los químicos
que no usaban en Estados Unidos los regaban acá. Levanta la vista, mira el sin
fin de cruces, tumbas y gallotes, y luego taconea el piso: “aquí, bajo esta
tierra, hay miles de panameños que fueron desbaratados por los tóxicos. Y no
importa a nadie. Me tocó ver cientos de casos de enfermos con dolor de cabeza,
debilidad, problemas respiratorios, visión borrosa, vómitos, fibrilación de los
músculos. La gente decía dale leche, bebe leche, no se tiene que ir al médico”.
Cuarenta años después reconoce que se jugaba con la salud de las personas. La
empresa plantaba barreras de árboles ficus y papos a la vera de los caminos,
afluentes de agua, y lugares poblados para mitigar el efecto de los vuelos de la
muerte. “Cuando uno entraba al bananal le pegaba fuerte en la nariz, pero
teníamos que trabajar así lastimosamente”, se lamenta Vega.
Pero no solamente los obreros se bañaban en Nemagón. Vega, que lleva tres
camisas para protección hasta cuando sale al parque, recuerda que en Chiquita
luego de poner los fertilizantes a los plantones, se regaban para la sigatoka:
un insecto que vuela hasta 10 pies de altura. Usaban Ditane, un tóxico que
también ponía a temblar a los obreros. También se regó Bravo, pero por ser muy
tóxico se cambió, aunque todavía sigue en Honduras, Guatemala y parte de Costa
Rica.
A ciencia cierta no se puede decir cuántos son los panameños afectados. Y las
muertes que ya nadie investigará seguramente superan las del escándalo de
envenenamiento con dietilenglicol. Sí se sabe, que el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado a que garantice a
los trabajadores que no sean sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para
su salud, como la exposición a plagicidas u otras sustancias químicas.
LO QUE MÁS DUELE
Félix Antonio Ríos, es otro de los fumigados de Chiquita Brands. Vive en
Progreso, en una casa rodeada de árboles frutales. En una esquina tiene un
rancho, donde pasa la mayor parte del tiempo. En ese aposento tiene mesa, silla
y butacas. Sobre la mesa hay un maletín de profesor. Habla como si se le
atragantaran las palabras.
Lo primero que dice es que se siente culpable de la muerte de su hijo Roberto,
de 24 años, de un cáncer en los testículos, cuando era estudiante de la
Universidad de Panamá. Aunque le dicen que no se lo tome de esa forma, que no
tiene razón, siente que así como le dio la vida a su hijo, también le regó los
problemas.
Ríos ingresó con 22 años a las bananeras y fue liquidado a los 51. A simple
vista es un hombre saludable, fuerte, pero por dentro lleva un historial clínico
que “vuelve loco a cualquiera. A mí me preguntó un gobernador: ¿pero tú qué es
lo que no tienes? Yo le dije: yo no quisiera que usted tuviera lo que yo tengo.
Desde 1972 me trato por los agroquímicos, pondiéndome vacunas toda las semanas.
A mí me pueden dar un millón de dólares y no me compensan los sufrimientos”.
Ríos, hay veces que no puede estar acostado. Ni sentado. Ni parado. Ni puede
respirar. “La compañía sabía lo que estaba haciendo porque yo trabajé en el
departamento de materiales y ahí fue donde me di cuenta de la clase de canallada
que habían hecho con los trabajadores. Se regaba el Fumazone y Nemagón, dos
tóxicos que inhalarlo es venenoso, el contacto con la piel es venenoso, la
ingesta era sumamente venenoso. Ellos no tomaron las precauciones porque
nosotros valíamos muy poco para ellos”.
El trabajo cotidiano funcionaba como cualquier otro. Les decían qué tenían que
hacer y ellos lo hacían. Aplicaban las sustancias cinco horas consecutivas,
todos los días. Era demasiado cinco horas. La gente la pasaba muy mal, pero en
la cadena de producción se ahorraban costos. “Aquí el perjudicado no solamente
era el que trabajaba: la persona que lavaba mi ropa y mis hijos que me agarraban
cuando yo llegaba contaminado también. Y yo sé también que fui de los que aplicó
veneno a la gente. Usted no se imagina lo que eso hace sufrir a uno. Yo fumigaba
y a mi hijo Roberto le salió un cáncer”.
Félix, como la mayoría en Puerto Armuelles, se siente abandonado por la ley.
Recuerda que cuando entró, el primer examen que le hicieron fue el de la
próstata y si lo dejaron trabajar era porque estaba sano. Pero cuando le dieron
la patadita y lo echaron, se queja de que nadie se fijó cómo él salía y así pasó
con todos los trabajadores.
“Fuimos a la Asamblea en el 2003, hablamos con medio mundo, fuimos traicionados
por una persona que negoció nuestras dolencias. Yo no quiero lástima, yo quiero
que sean justos. Si a mí, pasado mañana, me dicen que no me toca nada, lo
aceptaré porque hay personas más dañadas que yo”.
Como el caso de María Cubillas. Ella es una de las pocas mujeres que se permite
hablar sobre el tema, pero antes pone algunas condiciones: que no le tomen fotos
ni se le pida bajarse del taxi en el que ha llegado hasta Progreso para esta
entrevista, que se realiza adentro del auto. Estamos estacionados frente a un
billar en penumbra de donde salen mucho ruido.
SIN SALIDA
Es triste pero es así: la mujer recuerda y llora. Habla con un tono de voz
bajito y cortado, que no le va su cuerpo. María es una mujer grande, sin
residuos de juventud y la piel rayada por la dermatitis. Así, entre susurros,
cuenta que una mañana ella apareció en una finca bananera con cuatro hijas en
busca de trabajo y techo. Las dos cosas fueron fáciles de conseguir. Guiada por
el deseo de tirar para adelante, por las hijas, firmó su contrato de trabajo.
Nunca imaginó que esa decisión acabaría con dos de sus hijas antes de cumplir
los 12 y que ella terminaría con asma crónico.
“Ellos trajeron a las bananeras el DBCP o Nemagón, un químico que no se usaba en
Estados Unidos y que usaron acá y ese químico le provocó esterilidad a los
trabajadores, eso fue lo que dio al traste con los obreros”.
Las tragedias de María son tres. Cuando murió la primera niña, de doce años, de
un cáncer, hasta los médicos se extrañaron. María pensaba que la gente que moría
de esa enfermedad eran viejos, no niños. Años más tarde murió su segunda hija.
De asma. Como la niña estaba en primer año, ella pensaba que era la madrugada lo
que le hacía mal, levantarse tan temprano, la brisa fresca del amanecer. El día
que le dio la crisis no llegó a tiempo al hospital. Después de la muerte de las
niñas María quedó como atontada, fuera del mundo, en medio de una penitencia
inhumana. Siguió empacando parte de los 40 millones de cajas de banano que
exportaba la empresa cada año. ¿Qué iba a hacer? Cuando su salud se quebró del
todo, vino la pelea para que la pensionaran por un cuadro clínico de asma
ocupacional. “La empresa quería doblarle el brazo a todo el mundo para no pagar.
Al final los médicos se pusieron duros y me pensionaron”.
Antes de emprender el camino de regreso —sin nunca bajarse del carro—, María
explica las razones de sus cuidados al hablar. Dice que esto podría dañar el
proceso legal, que parece empezar a desperezarse. En agosto pasado la justicia
culminó pruebas clínicas a más de 550 afectados.
Parece extraño: el país con mayor crecimiento económico de la región, que se
abre a la ampliación del Canal y a la construcción del metro guarda en lo más
profundo de su interior heridas que no cicatrizan. Muchos aquí se sienten
fantasmas. Invisibles. Olvidados. Sin nadie a quien reclamar y con el cuerpo
partido. Hombres, mujeres y niños panameños, quienes han cargado la cruz de la
enfermedad a sus espaldas y de por vida. Son los fumigados. Sí, aquí, en el
puente del mundo y corazón del Universo.
CHIQUITA Y VENENOSA
La United Fruit Company comenzó sus operaciones en la provincia de Bocas del
Toro en el año 1899, nueve años más tarde que la Snyder Banana Co. iniciase la
historia del banano en la provincia. Tras abandonar las plantaciones en Bocas,
compró tierras aptas para la producción de banano en la región de Chiriquí (1923
y 1926). La compañía quería utilizar el trazado del Ferrocarril Nacional de
Chiriquí —finalizado en 1927— desde Puerto Armuelles (PA) y conformar una unidad
de explotación bananera sobre la región fronteriza, que enfrentaba a Costa Rica
con Panamá en el plano político y económico, buscaban por el contrato bananero
con la UFCo. En 1927 la empresa firmó una concesión por treinta años con Panamá
para cultivar banano en el área de Chiriquí, formandose la División de PA, que
ha variado de nombre.
CARLOS ATENCIO
El exilio inevitable
Entre 1990 y el 2000, Puerto Armuelles redujo su población a la mitad; mientras
en 1990 vivían 46,093 personas, en el 2000, disminuyó a 22,075. La tragedia se
consumaría para el 2020, en esa fecha, quizá, desaparezca la población.