Urge nueva ley de aguas

Jorge Mora Portuguez
Sin lugar a dudas Costa Rica necesita una nueva Ley de Recursos Hídricos. Los recientes acontecimientos en Sardinal, la sobreexplotación de los acuíferos del Valle Central; la contaminación con agroquímicos de los mantos subterráneos de Siquirres, entre otros hechos; evidencian que el marco jurídico del agua está obsoleto.

Desde el año 2001 un grupo de instituciones públicas, organismos no gubernamentales y de la academia realizan intensos esfuerzos por dotar al país de una nueva ley de aguas, que sustituya a la actual, que data del año 1942. Este esfuerzo multisectorial culminó con un proyecto de ley, que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Ambiente del Congreso en el año 2005.

Entre los aspectos más importantes del proyecto están el reconocimiento del agua como un derecho humano; la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el recurso, la creación de una estructura de gestión ampliamente participativa, desconcentrada y regionalizada; la creación de nuevos instrumentos para dotar de valor económico al agua y para la planificación, entre otros.

Carácter público y no lucrativo. El proyecto establece que los servicios de agua potable solo podrán ser prestados por instituciones públicas, municipalidades, asociaciones administradoras de acueductos comunales, o empresas públicas. Es decir, preserva y defiende el carácter público y no lucrativo de estos servicios.

Entre el 2005 y el 2007, el proyecto estuvo en revisión por parte del MINAE y por una comisión intersectorial nombrada por éste. Recientemente el MINAE ha presentado una nueva versión, que se supone sintetiza los distintos esfuerzos de formulación anteriores.

Esta nueva versión incorpora los principios de participación de las mujeres y de las comunidades indígenas, mejora el capítulo de sanciones, la parte de protección, la de planificación, así como la de instrumentos económicos. Mantiene la misma estructura de gestión, pero con dos cambios principales: la creación de un Viceministerio del agua y de una empresa pública para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que absorbería al actual Departamento de Aguas Subterráneas del (Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA).

Omisiones. Sin embargo, esta nueva versión omite aspectos medulares de la propuesta anterior; como el reconocimiento del derecho humano al agua. La participación ciudadana es muy vaga en todos los espacios de la nueva estructura. Se limita a hacer recomendaciones y emitir opiniones; sin otorgar potestades reales a la sociedad civil, para la toma de decisiones.

Pero lo más importante es que elimina la protección del carácter público y no lucrativo de los servicios de abastecimiento de agua potable, al no prohibir el otorgamiento de concesiones a privados para la prestación de estos servicios.

Se está apenas en un período de revisión de la nueva propuesta y el MINAE ha manifestado su anuencia a incorporarle modificaciones.

Las lecciones de Sardinal no pueden ser ignoradas por el gobierno, y de no atenderse el clamor de la población, es probable que aumenten los conflictos sociales en torno al agua.

Esperamos que las autoridades de MINAE rectifiquen y corrijan aquellos aspectos que debilitan esta nueva propuesta; para así poder dotar al país del instrumento de gestión del agua que tan urgentemente necesita.