Richard Sellán B.
Firme, mayoritaria e histórica ha sido la votación del pueblo ecuatoriano aprobando la nueva carta fundamental del Estado, en el Referéndum del pasado domingo 28 de septiembre/08, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el 64% expreso el “SI” frente a un 28 % del “NO”.
La mayoría populares, sectores medios, intelectuales y cierto sector empresarial, excluidos y pauperizados por cerca de treinta y cinco años políticas fondo monetaristas y neoliberales no solo que saldaron cuentas con los artífices, voceros y heraldos de aquellas políticas, también socavaron la legitimidad y moralidad política de la presencia en el escenario nacional de los partidos de la derecha y sus distintas vertientes, dígase, socialcristianos, demócratas populares, pianistas, entre otros.
Inclusive, aquella retaguardia derechista solapada en las sotanas de los templos y de los evangelios, cúpulas ligadas a los centros de poder que auparon con sus rezos a la bancocracia y partidocracia corrupta que esquilmaron el Ecuador, fueron puesto en la picota del juzgamiento popular, al desembozadamente alinearse en la campaña por el “NO”, so predica de que la nueva constitución “abatía” principios católicos y cristianos sobre el aborto, la familia y la homosexualidad. Lo cual en modo alguno era cierto.
La factura cruzada al viejo sistema capitalista neoliberal al menos en la formalidad jurídico-política e institucional y en la definición de uno nuevo modelo económico como “social y solidario” que consta en la constitución aprobada representa la formación de una utopía ciudadana de recuperación de derechos y prevalencia humana, de lo social, de la equidad y la participación en las políticas de desarrollo y de conducción del Estado.
Los desafíos del neoentramado constitucional más allá de su sus párrafos están precisamente, en la capacidad de recuperación del dinamismo de los actores sociales populares, de crecer en sus organizaciones, de hacer de los espacios de participación ejes reales activos de democracia y control social ciudadano, concretos e independientes de las decisiones coyunturales del gobierno actual para avanzar en la estructuración del poder ciudadano como soporte de la democracia sustentada en la ciudadanía, entendida como el pleno ejercicio del derecho y la libertad de las personas en la sociedad a direccionar y moldear su vida conforme a la decencia y el buen vivir.
Guayaquil, 1 de octubre/08