Como en los tiempos de la United Fruit

En Honduras, a miles de kilómetros de los supermercados occidentales a los que abastecen de melones, una comunidad de trabajadores meloneros denuncia que corren riesgo de ser despedidos y caer en la miseria por sus intentos de formar un sindicato en la compañía irlandesa para la que trabajan.

Los trabajadores, en su gran mayoría mujeres, apelan a los consumidores estadounidenses y europeos para que boicoteen los productos vendidos por la multinacional frutera Fyffesmientras ésta no mejore las condiciones de trabajo y respete el derecho a la negociación colectiva.

Estos trabajadores viven en Choluteca, una municipalidad cercana a la frontera con Nicaragua que está entre las regiones más pobres de Honduras.

Durante décadas también ha sido una zona en la que los terratenientes han podido contratar y despedir trabajadores a voluntad, violando impunemente las normas laborales con el respaldo de políticos locales y gracias a la ausencia de sindicatos.

El nivel de desarrollo económico salta a la vista en una visita a las plantaciones.

Llegamos por un camino de tierra lleno de baches en un auto tan corroído por el óxido que los agujeros en el piso nos permiten ver pasar el suelo bajo nuestros pies.

La mayoría de los cultivos que vemos al costado del camino son de caña de azúcar, hasta que llegamos a la finca Santa Rosa, donde la tierra marrón clara está cubierta por franjas de tela plástica de 100 metros de largo que protegen las plantas de melones.

Este predio es propiedad de una de tres subsidiarias que tiene Fyffes en Choluteca: Melon Export, Soled y Suragro.

En su conjunto contratan a 2.700 trabajadores de la zona para tareas de despeje, siembra, fumigación con herbicidas y plaguicidas, cuidado de los melones (que deben dar vuelta para evitar que los queme el sol) y, finalmente, cosecha.

Los trabajadores dicen que el pago que reciben por jornadas largas bajo un sol abrasador está generalmente por debajo del mínimo establecido de aproximadamente 10 dólares por jornal.

Choluteca es una de las regiones más calurosas de Honduras. Pero los trabajadores reclaman que la compañía no les proporciona ni agua ni retretes ni atención médica cuando se sienten mal.

“Tenemos que trabajar incluso estando enfermos”, dice María Gómez, una trabajadora que a los 65 años lleva 28 con Melon Export. “No ha habido ninguna mejora en las condiciones de trabajo desde que empecé”.

Según Fyffes, las operaciones de la compañía en Choluteca están certificadas por la consultora en seguridad de los alimentos  Primus Labs.

Primus “verifica que se proveen retretes y agua, entre otras cosas. Un equipo médico brinda atención sanitaria en el lugar y cuando un trabajador tiene un problema serio se lo atiende en una clínica privada, como es el caso del sindicalista que actualmente tiene licencia médica prolongada por diabetes, y como los trabajadores que fueron expuestos accidentalmente a sustancias químicas usadas para el tratamiento de la tierra”.

El trabajo es zafral, por lo que dura solo entre cuatro y seis meses. La situación de Gómezes la de muchos trabajadores de países en desarrollo, quienes están sumidos en la pobreza.

Sin pensión u otras prestaciones sociales, a los 65 no tiene perspectivas de jubilarse en un futuro cercano. Sale a trabajar a las 5 de la mañana y vuelve a su hogar recién a las 18 horas. Además, debe llevar sus propios implementos.

“La empresa no nos da nada. Si no llevamos implementos propios, no nos dejan trabajar”, dice.

Los costos que deben afrontar estos trabajadores son significativos: azada (cerca de 100 lempiras, que equivalen a 4 dólares), machete (30), sombrero (100), zapatos (300), mochila (300), camisa de manga larga (100) y toallas (50) para asegurarse de no exponer el cuello al sol. Sumados, estos pueden llegar a costar todo lo que gana un trabajador en una semana.

Un afiliado al sindicato muestra su recibo de sueldo de la semana anterior – 882 lempiras (37,6 dólares) por siete días de trabajo. Otros cuentan que reciben alrededor de 4.400 lempiras (188 dólares) por mes, un 30 por ciento por debajo del salario mínimo.

La preocupación por la salud surge por el contacto de los trabajadores con agrotóxicos como Gramoxone (Paraquat), prohibido por la Unión Europea en 2007 pero cuyo uso no está restringido en Honduras.

Los trabajadores dicen que no se les proporciona ropa protectora para las tareas que implican el uso de estos químicos, lo cual tiene riesgos sanitarios que están ampliamente documentados. “Ni siquiera nos dan tapabocas”, dice Gómez.

En respuesta a estas afirmaciones, la compañía le dijo a The Guardian que brindan todos los equipos de seguridad necesarios.

“Primus Labs verifica que se proporcione a los trabajadores equipo protector personal. El problema con estos equipos es que se capacita a los trabajadores para que los usen pero en el trópico resultan incómodos y por lo tanto los trabajadores muchas veces no los usan”.

En todo caso, hay accidentes. Diecisiete trabajadoras fueron hospitalizadas en diciembre pasado por intoxicación con agrotóxicos, según el sindicato británico GMB.

Fyffes sostiene que no se debió a que las trabajadoras estuvieran manipulando plaguicidas o sustancias químicas, sino que se las dejó accidentalmente cerca de un programa de tratamiento y fueron expuestas a las sustancias por efecto del viento.

La compañía afirma que pagó por la asistencia médica de las trabajadoras en una clínica local y que revisó sus procedimientos para evitar que se repitiera el accidente.

Los trabajadores han estado tratando de incidir más en la forma en que son tratados.

Para mejorar las condiciones de trabajo, hace dos años formaron una subseccional de STAS, el sindicato de trabajadores agrícolas. Cuentan que a pesar de que la compañía se opuso y el gobierno los amenazó, el sindicato alcanza hoy los 107 afiliados.

Uno de los primeros en afiliarse fue Baltazar Cruz, quien cuenta que rechazó un incentivo de 10.000 lempiras (427 dólares) que le ofreció la compañía a cambio de que renunciara a la directiva del sindicato.

No se arrepiente de haber seguido en la organización sindical. Poco tiempo después de afiliarse perdió varios dedos de los pies en un accidente de trabajo. Cuando le pidió apoyo a la compañía, dice que al principio no tuvo respuesta, pero el sindicato lo ayudó a obtener asistencia médica y un subsidio.

“El sindicato fue muy importante para mí. Mi situación ahora es difícil, pero sin ellos, sería peor”, dice.
Seis trabajadores afirman que sus empleadores los están presionando para que no se afilien.

“Amenazan con no contratar trabajadores sindicalizados. Es muy cruel y represivo”, dice el secretario general, Moisés Sánchez Gómez.

Cuenta que lo echaron este año por su papel en el sindicato. “La gente ha dado la vida por la compañía y no recibe nada a cambio. Trabajé más de 20 años para ellos y solo tengo la ropa que llevo puesta”.

Fyffes afirma que está dispuesta a tratar con un sindicato, como lo hace en otros países, pero reconoce que en Honduras hay dificultades. Sostiene que en el caso de Choluteca el sindicato no se conformó debidamente ni fue ratificado por el Ministerio de Trabajo. Pero niega haber despedido a afiliados a la organización.

“Todos los zafrales terminan su contrato al final de la zafra. Entre esos trabajadores hay afiliados al sindicato y no afiliados, hombres y mujeres. No se trata de despedidos sino de trabajadores con contratos temporales. No se ha despedido a ningún trabajador sindicalizado con contrato permanente”, afirmó un portavoz de la compañía.

Fyffes insiste que proporciona a sus trabajadores todos los equipos de seguridad que necesitan y niega las acusaciones de que les paga por debajo del salario mínimo.

Señala que en una inspección de las nóminas de 2013-2015 el Ministerio de Trabajo de Honduras constató que todos los sueldos y prestaciones cumplían con las normas nacionales.

Los trabajadores sostienen que las autoridades quieren complacer a la compañía y que los funcionarios que se ponen del lado de los trabajadores son sancionados.

El ministro de Agricultura manifestó su preocupación de que Fyffes se retire de Honduras si los trabajadores insisten con el sindicato; en la prensa también se ha sugerido que la compañía podría trasladarse a Guatemala por razones financieras.

Fyffes asegura que no tiene planes de abandonar la región, pero la preocupación manifestada por el gobierno ha dejado a la población local en un estado de incertidumbre.

Cerca del 90 por ciento de los trabajadores son mujeres, muchas de ellas madres solteras y otras de avanzada edad. Si se termina el trabajo de Fyffes, Sánchez Gómez estima que 700 personas de la zona terminarán en la miseria. “La población local se quedaría sin nada”, dijo.

Se precisaría muy poco para empujar a la gente de esta zona a la pobreza extrema.

Un trabajador, Juan Antonio Ramírez, cuenta que si no paga el impuesto predial aumentarían los intereses sobre los montos atrasados y se endeudaría más. Gómez dice que ella no tendría siquiera para comprar alimentos y el trabajo es vital porque una plaga arrasó con su pequeña plantación de maíz.

Está a favor de boicotear a Fyffes para presionarla a que se quede y acepte el sindicato. “No creo que los consumidores sepan lo que está pasando acá. Me gustaría que pudieran venir y ver nuestra situación con sus propios ojos. La gente no debería comprar estos productos”, dice.

Los trabajadores también están combatiendo en otros frentes. Los sindicalistas han presentado demandas reclamando compensación por remuneración insuficiente.

Pero las probabilidades no les favorecen. A pesar de que Fyffes asegura que no va a abandonar la región, el alcalde del pueblo ha generado más ansiedad entre los trabajadores al declarar que si la compañía se va los culpables serán los organizadores del sindicato.

Patricia Riera, que oficia de nexo entre el sindicato y la confederación nacional FESTAGRO, denunció que el delegado presidencial en la región le advirtió que “deje de molestar”.

Este es un lugar donde fastidiar a los poderosos resulta peligroso. Honduras está entre los tres países con las tasas más altas de homicidios del mundo.

Defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y dirigentes sindicales suelen ser atacados por denunciar injusticias.

Algunos casos han provocado indignación a nivel internacional, como el asesinato este año de Berta Cáceres, la activista que organizó una campaña contra la construcción de una represa y fue distinguida con el Premio Goldman.

Hay muchos otros asesinatos que por lo general no se denuncian. El año pasado, el militante universitario Héctor Martínez Motiño fue asesinado a balazos en Choluteca.

Integrantes del sindicato muestran una nota amenazadora que recibieron en forma anónima el mes pasado.

“Dejen de organizar sindicatos o aténganse a las consecuencias… Se los advierto”, dice la nota.

Si bien no hay indicios de que Fyffes esté detrás de esta u otras amenazas, el clima de miedo en Honduras, y los riesgos ampliamente documentados que enfrentan activistas de todo tipo por denunciar injusticias, hacen que Riera sienta una enorme presión y tema por su seguridad personal.

Pidió ayuda al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero se negó a aceptar la oferta del gobierno de tener un soldado como guardia personal, porque no confía en el ejército.

Cuando The Guardian visitó las plantaciones de melón, Riera esperó en otro lado por miedo a que la vieran los guardias de la compañía.

Ante la creciente tensión, decidió irse a vivir tres meses a otra ciudad. Es la primera vez que se ve obligada a dejar su hogar. “Tengo que irme por la situación actual”, dice. “Se está volviendo demasiado peligroso y necesito mantener un perfil bajo por un tiempo”.

En su sitio web, Fyffes –que es también la mayor productora de bananas del mundo – afirma que “las buenas relaciones con la comunidad son parte de la ética de trabajo”.

Ya fue criticada hace un tiempo por violaciones de derechos laborales en sus plantaciones de ananá en Costa Rica. Pero la compañía sostiene que tiene una política “de diálogo y trato con todo sindicato debidamente establecido y [que trabaja] sin problemas con sindicalistas en muchas partes de [su] negocio”.

Bert Schouwenburg, encargado de relaciones internacionales de GMB, manifestó que el temor de que Fyffes se retire de Honduras planteado por el gobierno ha generado una de las peores situaciones que ha visto en muchos años en América Latina.

“En una zona con altos niveles de desempleo en las que se pone a comunidades enteras en listas negras, esto equivale a una amenaza de hambruna para los trabajadores y sus familias”, dijo.

“Fyffes es un empleador nefasto, a quien no le importa para nada sus trabajadores, que trabajan bajo un calor sofocante para producir la fruta que le da ganancias a la compañía. No respeta las leyes nacionales ni internacionales que protegen los derechos de los trabajadores, y debe rendir cuentas por ello”.

GMB ha solicitado a Ethical Trading Initiative, la iniciativa de comercio ético financiada por el gobierno del Reino Unido (que se supone que debe garantizar el derecho a la negociación colectiva) que eche a Fyffes, pero hasta el momento la organización ha hecho oídos sordos.

Los trabajadores de Choluteca tienen también el apoyo del sindicato danés 3F y otros grupos internacionales.

El mes pasado, una delegación de funcionarios de comercio de Estados Unidos y activistas por los derechos laborales de Estados Unidos, Europa y América Latina visitaron la zona y pidieron a las subsidiarias de Fyffes que aceptaran al sindicato y mejoraran las condiciones de trabajo.

Pero ante la persistente exclusión de sus afiliados, los dirigentes sindicales están también apelando a los consumidores extranjeros.

“La gente podría ayudarnos boicoteando los productos de Fyffes hasta que la empresa resuelva esta situación”, dice Gómez.