Casi seguramente ninguna de ellas será contratada para la nueva temporada que inicia este mes de octubre. Su único “delito” ha sido organizarse sindicalmente para que Melon Export SA (Melexsa), una de las tres subsidiarias^₁ de Fyffes, respetara las leyes y, por ende, sus derechos.

En abril, María del Carmen fue despedida junto a otras 21 afiliadas a la subseccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), con total desprecio por su contrato laboral.

“Llegó un encargado de la empresa a avisarnos que toda la cuadrilla estaba despedida. Nos dijo: ‘Eso les pasa por estar organizando sindicatos, y aquí no lo pueden hacer´. Fue un atropello vergonzoso a nuestros derechos”, dijo Erazo.

“Me levantaba de madrugada y a las 4.30 salía de la casa caminando para la finca. La empresa nunca nos facilitó el transporte. Las labores comenzaban a las 6 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde.

Luego de vuelta a la casa donde llegaba ya por la noche”, recordó María del Carmendurante su conversación con La Rel.

El salario es bajo y no ajusta para garantizar una calidad de vida digna.

“Ni siquiera recibíamos el salario mínimo y ni nos pagaban las prestaciones sociales. No cotizábamos al seguro social, ni acumulábamos antigüedad. Tampoco nos pagaban las horas extras, ni tuvimos acceso a vacaciones. En más de una ocasión acudimos enfermas al trabajo para no perder sueldo”, agregó la trabajadora.

Su hermana fue despedida por el simple hecho de estar embarazada. Una práctica odiosa que parece ser bastante común en las meloneras de Fyffes.

“Llegó su jefe directo y le dijo que ya no podía seguir trabajando porque la empresa no respondía por mujeres embarazadas. A muchas compañeras les pasó lo mismo. Cuando ya el embarazo se les notaba, las despedían y punto”, indicó Erazo.

“Sabemos que nuestros nombres están en una lista negra que está circulando en las plantaciones de Fyffes. Nunca más nos van a dar trabajo.

Además, Melexsa ya está diciendo que por culpa de nosotras va a cerrar operaciones, Esa mentira nos está acarreando muchos problemas”, aseguró.

“Nos hostigan y nos culpabilizan de estar quebrando a la empresa con eso de querer conformar al sindicato. Pero no es así. Simplemente exigimos que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos”, agregó Erazo.

Para que se les cancelen todas sus prestaciones, 92 trabajadores y trabajadoras decidieron demandar a la empresa en los tribunales. María del Carmen Erazo es una de las demandantes.

“Organizarnos en el STAS ha sido una decisión acertada. Tengo fe de que lo vamos a lograr”, concluyó.