En un lapso de 15 días Fyffes/SURAGROH fue de-certificada por Comercio Justo Estados Unidos (Fair Trade USA) después de haber sido certificada en el mes de abril de 2018 en un proceso de auditoria que no fue completo como se debe hacer para dar una certificación de este tipo.
El día de ayer en horas de la tarde la certificadora norteamericana hizo oficial en su pagina web la noticia de de-certificacion de una empresa que no cumple con los estándares de certificación a través de una auditoria sin aviso que se llevo a cabo estas dos semanas en Honduras, la cual mantuvo reuniones con STAS, FESTAGRO, ILRF, administración local de Fyffes y el Ministerio de Trabajo, a través de esta constataron que Fyffes/SURAGROH no cumple con derechos fundamentales de los trabajadores como salarios, derecho a la salud al igual que la violación a la libertad sindical, violentando leyes laborales nacionales e internacionales principalmente los convenios 87 y 98 de la OIT.
Además de la auditoria Fair Trade USA tomo como referencia nueva evidencia recibida de diferentes fuentes mas los señalamientos que existen contra esta empresa en la Queja Laboral contra el Estado de Honduras, los señalamientos graves en la OIT y la suspensión de esta de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI).
Tras este paso existe un trabajo importante de organizaciones aliadas como el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF) y el Centro de Solidaridad, ambas de los Estados Unidos, quienes en conjunto con otras organizaciones de ese país apoyaron las denuncias del STAS al igual que Bananalink, Banafair, 3F, FOS, UITA, EUROBAN y otras organizaciones europeas.
Autoridades hondureñas ciegas
A pesar de todos los señalamientos, suspensiones y de-certificaciones internacionales que ha sufrido Fyffes/SURAGROH por ser una empresa extremadamente violadora de los derechos laborales, el gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) insiste en limpiar su historial resolviendo documentaciones a favor de esta empresa a pesar de estar por encima de la ley, que sirven para engañar a nivel internacional a consumidores, certificaciones y supermercados.
Esto denota que las políticas de las transnacionales violadoras de derechos laborales y gobiernos corruptos e ilegales van de la mano para destruir los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras que buscan mejores condiciones de vida para no migrar de su país.
