Sur Agrícola de Honduras S.A. (SURAGROH) propiedad de la Transnacional Fyffes, continúa sin responder al pliego de peticiones presentado por el STAS desde el 28 de enero de 2016, con lo que ya suman 53 días hábiles, sobrepasando violatoriamente lo que regula nuestra legislación laboral, que son 5 días hábiles que tiene una empresa para responder a tal derecho laboral.
La empresa se basa a una solicitud de nulidad del sindicato, que hizo entrega a la regional del trabajo de Choluteca, quienes aseguran haberla remitido a la oficinas de Inspectoria General de Tegucigalpa, por lo tanto aseguran que no responderán a tal derecho de los y las trabajadoras, mientras el ministerio no de una resolución.
Tomas Membreño, expreso “Nos llama mucho la atención que la política antisindical de las empresas está basada en echarle la culpa al Ministerio de Trabajo en todas las violaciones que cometen, es aquí donde surge la pregunta ¿Por qué las empresas confían tanto en que sus violaciones tendrán frutos a través de esta secretaria de estado?
Acciones como la que se dio el día viernes 18 de marzo, en las instalaciones de la Regional del Trabajo de Choluteca, donde al hacerse presente la activista del STAS Patricia Riera, con el Secretario General de la Subseccional del STAS Manuel Erazo, se encontraron sorpresivamente que el apoderado legal de la empresa estaba reunido con la inspectora, Luxidalia Gómez encargada de levantar constancia del Acta de Cierre de Arreglo Directo y pasar a la Mediación como lo indica la ley, durante la audiencia le negó la palabra a Patricia Riera y cuestiono las declaraciones del dirigente sindical, por lo que al final levanto un “Acta de Investigación” obstaculizando el agotamiento de las instancias legales. No es la primera vez que esta inspectora actúa contra la organización sindical, en una ocasión se negó a entregar una cita a SURAGROH para que respondiera al pliego de peticiones, se denuncio este hecho ante las autoridades del trabajo, quienes al parecer han hecho caso omiso.
A pesar que Fyffes es miembro de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI) se niega a respetar la libertad sindical en Centro América, específicamente en Honduras y Costa Rica.