La Federación Ecologista (FECON) denunció la criminalización de la protesta sindical y a los empresarios que la promueven.
Uno de ellos es Alfredo Volio, propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña.
Ex directivo del Banco Nacional y ex ministro de Agricultura y Ganadería, Volio fue uno de los “comandantes” de la campaña por el Sí al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se lo ha vinculado también al bufete de abogados Mossac Fonseca, pieza central del escándalo de los Panama Papers.
Las protestas obreras contra el “combo fiscal”, el paquetazo impositivo del gobierno, impidieron la exportación de 25 contenedores cargados de piña de Upala Agrícola, la firma propiedad de Volio, gran deudora del Estado.
Mientras la mayoría de estas grandes empresas, instaladas en zonas francas, gozan de excepciones fiscales tan grandes que en su mayoría están exentas del impuesto sobre la renta y otros, pagan salarios miserables a los trabajadores.
El sector del agronegocio, sostiene la FECON, ha prosperado gracias a las subvenciones estatales pero no está dispuesto a colaborar con el país para salir de la crisis fiscal.
“Las empresas piñeras no sólo son cómplices de la crisis fiscal sino que están tratando de legitimar la represión, la criminalización y la violencia contra movimientos y organizaciones sociales”, concluye la Federación.
