Una vez más, la transnacional Fyffes, recientemente adquirida por el coloso japonés Sumitomo, está en el banquillo de los acusados. Esta vez por la denuncia de las trabajadoras de las meloneras hondureñas, que sufrieron una intoxicación por malas prácticas en el uso de sustancias tóxicas en las plantaciones.
De acuerdo con el testimonio de dos trabajadoras que pidieron el anonimato por temor a perder el trabajo, en diciembre pasado 13 empleadas de la finca Santa Rosa, propiedad de Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), subsidiaria de Fyffes/Sumitomo, sufrieron una grave intoxicación mientras trabajaban en el campo.
“Las trabajadoras acababan de ingresar a sus labores cuando sintieron un fuerte olor químico. Algunas se desmayaron, otras comenzaron a vomitar, a otras se les adormecían partes del cuerpo”, dijo a La Rel, Ahrax Mayorga, secretario de Comunicación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro).
Como de costumbre, las mujeres fueron llevadas donde un médico contratado por la misma empresa, quien las inyectó, les dio suero y unas pastillas. Luego fueron despachadas a sus casas a pie y se les otorgó solamente de uno a tres días de descanso.
Durante los siguientes días a algunas de las trabajadoras se les hinchó la cara. Otras al tragar sentían un sabor muy amargo por la sustancia química que habían inhalado, y a otras les seguían dando fuertes mareos.
“En su mayoría son madres solteras y única fuente de ingreso para la familia. Por necesidad, y a pesar de los síntomas, las compañeras regresaron al trabajo, ya que la empresa nunca paga estas jornadas de descanso, ni el séptimo día”, explicó Mayorga.
El Ministerio del Trabajo mandó una inspección, pero las mujeres informaron al sindicato que solamente se reunió con administrativos y capataces de la empresa.
La versión oficial de la patronal fue que todas las mujeres de la cuadrilla tenían un virus y que nunca hubo intoxicación.
El directivo sindical dijo que fue difícil lograr el testimonio de las trabajadoras afectadas. Solamente dos de las 13 aceptaron hablar.
“Fueron presionadas y hasta amenazadas con que no iban a ser nunca más contratadas. Lo que ha pasado es una vergüenza. Meten a la gente al campo después de fumigar, mientras habría que esperar de 12 a 24 horas. No les importa”.
“Siempre han desconocido al sindicato y por eso no hay nadie que vele por la seguridad e higiene en el trabajo. Las mujeres están expuestas a cualquier tipo de abuso”, añadió el directivo de Festagro, organización que integra el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).
Lo que ha ocurrido el año pasado no es algo nuevo para Fyffes.
Según el STAS y Festagro, hace pocos días en la finca Santa Rosa se dieron otros dos casos de mujeres intoxicadas.
Lo mismo ocurrió en otra finca de Suragroh en Santa Cruz, Marcovia, donde hubo una fuga de amoniaco en el cuarto frio, quedando dos mujeres afectadas y 40 evacuadas.
El mes pasado, en una piñera de Ananas Export Company (Anexco), propiedad de Fyffes, en San Rafael de Río Cuarto, Costa Rica, una trabajadora y directiva sindical resultó gravemente intoxicada, quedando unos días en coma.
En diciembre de 2015, unas 140 personas, en su mayoría mujeres, sufrieron una intoxicación por una combinación de herbicida y cloro que estaban aplicando en una parcela colindante. El caso trascendió en medios nacionales.
“La negligencia de la empresa es total. Exigimos que cese esta irresponsabilidad y la persecución sindical”, concluyó Mayorga.
Por las reiteradas denuncias de violación de los derechos laborales y sindicales en las plantaciones de melones y piñas en Honduras y Costa Rica, en mayo de 2017 Fyffes fue suspendida de la membresía de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI).
La falta de avances en la resolución de estas graves problemáticas obligó la ETI a extender la suspensión mientras avanzan las reuniones entre Fyffes, Sumitomo y la UITA.